La vida sigue igual
Publicada el 6 de abril de 2019.
Acaba la semana grande de la despoblación y vuelta a hablar de cloacas del Estado, de juicios sin fin, de polémicas estériles que calientan el ambiente para distraer la agenda pública como lo hace el Sálvame cada tarde de entre semana. Eso sí, falta todavía el culmen, que será algún compromiso hueco y rimbombante ensalzando el orgullo de vivir en la España de las oportunidades al que se adherirán las principales fuerzas políticas nacionales para tranquilizar las masas rurales que alzan la voz una vez cada década.
Miles y miles de personas de los rincones más olvidados se concentraron el domingo en la plaza de Colón de Madrid para reclamar un trato justo y mayores inversiones de la Administración. El ambiente festivo en el que discurrió la manifestación acabó con la lectura de un manifiesto en el que se pedía a los representantes políticos que miraran hacia el mundo rural y que ofrecieran soluciones eficaces para luchar contra el desequilibrio territorial. Medidas concretas. Un pacto. El gran pacto.
Otra vez en Madrid, el miércoles, tuvo lugar el primer debate de este país centrado en la despoblación y el reto demográfico, moderado por Manuel Campo Vidal, convertido en abanderado de la causa no solo por su presencia en la manifestación sino por su intento de visibilizar lo rural en los medios de comunicación. Acudieron al acto representantes de las cuatro principales fuerzas políticas del Congreso de los Diputados. Yo quería oír soluciones eficaces, medidas concretas. Y no. Solo escuché diagnósticos mil y una vez repetidos, además de remedios vagos de aplicación casi segura tanto a la población rural como a la urbana. Las propuestas que salen del territorio día sí, día también, tuvieron alguna presencia gracias a Pablo Fernández, de Podemos Castilla y León, sustituto de Pablo Echenique en el debate. Él mismo dio la clave de por qué las ideas no llegan a buen puerto la mayor parte de las veces: la falta de financiación. Yo añadiría algo más: los intereses ocultos que impiden modificar normas injustas para los pueblos y sus habitantes.